Los grandes escándalos de corrupción han generado la desvalorización de la función pública y con ello el endurecimiento de la represión penal en los delitos cometidos por quienes desempeñan esa tarea. Puesto que la ejecución de una serie de actividades estatales, necesarias para el desarrollo colectivo, se ve paralizada por el riesgo de eventuales procesos penales al que están expuestos los encargados de realizarlas, la sociedad requiere abogados que contribuyan con evitar esa paralización brindando un patrocinio de calidad a quienes en el ejercicio de sus funciones públicas terminan sometidos a procesos penales.